Nuevas noticias (en concreto dos) aparecen hoy, jueves 10, en el diario ABC de Sevilla en torno al denominado "Caso Burguillos" y que muestra los escándalos del PSOE de Burguillos, y que aquí en Burguillos Popular te mostramos íntegramente:
EL SUPREMO TAMBIÉN DA LA RAZÓN A ABC EN SUS INFORMACIONES SOBRE EL "CASO BURGUILLOS".
Desestima el segundo recurso de La Cruz de La Ermita y considera las noticias "contrastadas, veraces y de interés"
http://www.abcdesevilla.es/20110310/sevilla/sevp-supremo-tambien-razon-informaciones-20110310.html
La Justicia da la razón a ABC de Sevilla por tercera vez en la información publicada sobre el «caso Burguillos» sobre irregularidades urbanísticas en el municipio a causa de las recalificaciones del Ayuntamiento, controlado por el PSOE, que favorecieron a un holding de empresas inmobiliarias afín al partido gobernante. Ese conglomerado de sociedades, La Cruz de la Ermita, demandó en su día a este periódico y al periodista Eduardo Barba por considerar falsa la información publicada en torno a los beneficios obtenidos por dichas recalificaciones por parte de esta compañía, de la que formaba parte la propia sociedad de desarrollo local, Burguillos Natural. Pero ni en primera instancia, ni en segunda instancia ni ahora en el Tribunal Supremo se ha tenido en cuenta la demanda, desestimada íntegramente en los tres casos.
ABC de Sevilla comenzó a publicar noticias sobre el asunto el octubre de 2006, a raíz de las cuales esta sociedad constructora y tres de sus representantes —ligados de una forma u otra al PSOE: un familiar del alcalde, el que fuera secretario local del partido y hasta un concejal—, interpusieron la demanda contra el periódico, el periodista que destapó el caso, Eduardo Barba, y Nazaret Romero, una vecina propietaria de terrenos a la que ABC entrevistó y que denunció presiones por parte del que fuera alcalde, el socialista José Juan López —condenado e inhabilitado en 2009 por delito urbanístico— para que vendiese sus suelo rústico al conglomerado de empresas afín al regidor. El 4 de junio de 2007, una sentencia del Juzgado de primera instancia que trató el asunto desestimó en su totalidad la demanda contra el diario calificando de veraz y rigurosa la información y de correcto el tratamiento de la misma en sus distintas entregas, desde la primera publicación hasta diversas publicaciones posteriores que La Cruz de la Ermita ponía en entredicho. Esta compañía —que obtuvo millonarios beneficios de las recalificaciones en tiempo récord del Ayuntamiento tras comprar terrenos rústicos para poder venderlos luego como residenciales por muchísimo más dinero— recurrió aquella sentencia inicial, y un año después, concretamente el 7 de abril de 2008, en la apelación —segunda instancia—, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón a ABC de Sevilla y al redactor de las informaciones, reiterando su «veracidad» y la preponderancia de la libertad de información dada la «trascendencia pública» de la cuestión tratada.
Ahora, tras recurrir de nuevo La Cruz de la Ermita al Supremo, la más alta instancia judicial vuelve a dar la razón a ABC y al periodista, defendidos por el letrado de Garrigues Bosco Cámara. En una sentencia fechada el pasado 14 de febrero, el Alto Tribunal desestima de nuevo íntegramente el recurso al reconocer no sólo la veracidad de las noticias sino la primacía de la libertad de información y de opinión sobre el derecho al honor de los demandantes por la «trascendencia pública» del tema. «Es el propio apelante el que señala cómo el periodista tenía fuentes de las que no niega su basamento. Le parecerán pocas, pero se han demostrado bastantes para la publicación de la noticia», recalca el fallo del Supremo. En él se destaca que «la misión del informador no puede ser equiparada a la de mero transmisor de datos y hechos recabados de terceros; la información puede ser analizada y ponderada para extraer conclusiones, sobre todo cuando afecta a un tema de especial relevancia pública» como el urbanístico. Se indica que el informador está «tan plenamente legitimado» para hacer «juicios de valor sobre conductas de la actuación política» como «obligado el responsable político a soportarlo». Así, se subraya que «las conclusiones alcanzadas por el medio no merecen ni mucho menos los calificativos de ilógica o irracional». El fallo del Alto Tribunal recoge que las costas del recurso de casación correrán a cargo de los demandantes, a los que la Audiencia de Sevilla ya impuso las costas de la apelación.
La Justicia da la razón a ABC de Sevilla por tercera vez en la información publicada sobre el «caso Burguillos» sobre irregularidades urbanísticas en el municipio a causa de las recalificaciones del Ayuntamiento, controlado por el PSOE, que favorecieron a un holding de empresas inmobiliarias afín al partido gobernante. Ese conglomerado de sociedades, La Cruz de la Ermita, demandó en su día a este periódico y al periodista Eduardo Barba por considerar falsa la información publicada en torno a los beneficios obtenidos por dichas recalificaciones por parte de esta compañía, de la que formaba parte la propia sociedad de desarrollo local, Burguillos Natural. Pero ni en primera instancia, ni en segunda instancia ni ahora en el Tribunal Supremo se ha tenido en cuenta la demanda, desestimada íntegramente en los tres casos.
ABC de Sevilla comenzó a publicar noticias sobre el asunto el octubre de 2006, a raíz de las cuales esta sociedad constructora y tres de sus representantes —ligados de una forma u otra al PSOE: un familiar del alcalde, el que fuera secretario local del partido y hasta un concejal—, interpusieron la demanda contra el periódico, el periodista que destapó el caso, Eduardo Barba, y Nazaret Romero, una vecina propietaria de terrenos a la que ABC entrevistó y que denunció presiones por parte del que fuera alcalde, el socialista José Juan López —condenado e inhabilitado en 2009 por delito urbanístico— para que vendiese sus suelo rústico al conglomerado de empresas afín al regidor. El 4 de junio de 2007, una sentencia del Juzgado de primera instancia que trató el asunto desestimó en su totalidad la demanda contra el diario calificando de veraz y rigurosa la información y de correcto el tratamiento de la misma en sus distintas entregas, desde la primera publicación hasta diversas publicaciones posteriores que La Cruz de la Ermita ponía en entredicho. Esta compañía —que obtuvo millonarios beneficios de las recalificaciones en tiempo récord del Ayuntamiento tras comprar terrenos rústicos para poder venderlos luego como residenciales por muchísimo más dinero— recurrió aquella sentencia inicial, y un año después, concretamente el 7 de abril de 2008, en la apelación —segunda instancia—, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón a ABC de Sevilla y al redactor de las informaciones, reiterando su «veracidad» y la preponderancia de la libertad de información dada la «trascendencia pública» de la cuestión tratada.
Ahora, tras recurrir de nuevo La Cruz de la Ermita al Supremo, la más alta instancia judicial vuelve a dar la razón a ABC y al periodista, defendidos por el letrado de Garrigues Bosco Cámara. En una sentencia fechada el pasado 14 de febrero, el Alto Tribunal desestima de nuevo íntegramente el recurso al reconocer no sólo la veracidad de las noticias sino la primacía de la libertad de información y de opinión sobre el derecho al honor de los demandantes por la «trascendencia pública» del tema. «Es el propio apelante el que señala cómo el periodista tenía fuentes de las que no niega su basamento. Le parecerán pocas, pero se han demostrado bastantes para la publicación de la noticia», recalca el fallo del Supremo. En él se destaca que «la misión del informador no puede ser equiparada a la de mero transmisor de datos y hechos recabados de terceros; la información puede ser analizada y ponderada para extraer conclusiones, sobre todo cuando afecta a un tema de especial relevancia pública» como el urbanístico. Se indica que el informador está «tan plenamente legitimado» para hacer «juicios de valor sobre conductas de la actuación política» como «obligado el responsable político a soportarlo». Así, se subraya que «las conclusiones alcanzadas por el medio no merecen ni mucho menos los calificativos de ilógica o irracional». El fallo del Alto Tribunal recoge que las costas del recurso de casación correrán a cargo de los demandantes, a los que la Audiencia de Sevilla ya impuso las costas de la apelación.
El Diario de difusión gratuita ADN también recoge esta noticia:
MÚLTIPLES FRENTES EN LOS JUZGADOS.
http://www.abcdesevilla.es/20110310/sevilla/sevp-multiples-frentes-juzgados-20110310.html
El alcalde socialista hasta hace año y medio, José Juan López, fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder licencias pese a informes oficiales de rechazo del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte del holding empresarial La Cruz de la Ermita junto a la sociedad municipal, Burguillos Natural.
Fue denunciado por el PP, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves en terrenos no urbanizables). Independientemente del uso fraudulento del PSOE como sede de un local de Correos (o sea, estatal) sin pago alguno de alquiler, al Gobierno municipal se le acaba de abrir otro frente: acaba de ser denunciado por conceder hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra tanto técnicos como jurídicos por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos al núcleo residencial.
El alcalde socialista hasta hace año y medio, José Juan López, fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder licencias pese a informes oficiales de rechazo del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte del holding empresarial La Cruz de la Ermita junto a la sociedad municipal, Burguillos Natural.
Fue denunciado por el PP, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves en terrenos no urbanizables). Independientemente del uso fraudulento del PSOE como sede de un local de Correos (o sea, estatal) sin pago alguno de alquiler, al Gobierno municipal se le acaba de abrir otro frente: acaba de ser denunciado por conceder hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra tanto técnicos como jurídicos por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos al núcleo residencial.
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