Admitida la querella del PP contra el ex alcalde de Burguillos y su sucesora por la sede del PSOE.

ADMITIDA LA QUERELLA DEL PP CONTRA EL EX ALCALDE DE BURGUILLOS Y SU SUCESORA POR LA SEDE DEL PSOE.

La audiencia atisba posible delito de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias.

Este es el titular que hoy, miércoles 16 de febrero, encontramos en la agencia de noticias EUROPA PRESS, y que Burguillos Popular te ofrece, como siempre, de manera íntegra y su oportuno enlace:

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-admitida-querella-pp-contra-ex-alcalde-burguillos-sucesora-sede-psoe-20110216144258.html

La Audiencia Provincial ha admitido, finalmente, la querella promovida por el PP contra el ex alcalde socialista de Burguillos (Sevilla) José Juan López, su sucesora y vigente regidora, Mariana Pérez González (PSOE), el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE, José María Fernández, y el primer teniente de alcalde, José Antonio Santos, a cuenta del uso gratuito de un local propiedad de Correos y Telégrafos de España como sede local del PSOE, según un auto fechado el 8 de febrero de 2011 y recogido por Europa Press.

La Audiencia Provincial, cabe recordarlo, ya había censurado en un auto fechado el 30 de septiembre de 2010 la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de no admitir a trámite el recurso de apelación promovido por el PP contra la resolución previa de dicha instancia judicial que rechazaba esta querella. En concreto, un auto emitido el 27 de abril de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 13 disponía no admitir a trámite este recurso de apelación defendiendo que esta misma instancia judicial ya había sido depositario de una querella formulada, también por el PP y por estos mismos hechos, contra todos los mencionados y contra el secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera.

La condición de aforado de la que goza Viera como senador había motivado, en ese sentido, la inadmisión final de la querella, porque inicialmente el líder socialista fue llamado a declarar como imputado en una decisión finalmente suspendida precisamente a cuenta del status jurídico que rodea al secretario general de los socialistas sevillanos.

Tras haber ordenado la admisión y trámite del recurso de apelación promovido por el PP contra la desestimación de su querella mediante una providencia dictada el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 13, la Audiencia ha resuelto mediante este último auto fechado el 8 de febrero estimar tal recurso y admitir la querella en cuestión, dirigida contra el ex regidor José Juan López, la actual alcaldesa de Burguillos, el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE y el primer teniente de alcalde. "Si el escrito de querella no se dirige ahora contra el aforado José Antonio Viera y sí contra personas no aforadas y los hechos pueden ser constitutivos de delito, el escrito de querella y el eventual recurso de apelación debe ser admitido y tramitado", zanja la Audiencia Provincial.

POSIBLES DELITOS Y NUEVAS DILIGENCIAS.

A tal efecto, ordena la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción número 13 "que se practiquen diligencias en orden a la comprobación de los hechos que se relatan en la querella", pues el tribunal atisba posibles delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias en tales actuaciones. Los hechos en cuestión son el uso, por parte del PSOE pero "sin contraprestación económica alguna", de un inmueble enclavado en el número 19 de la calle Real de Burguillos propiedad de Correos y Telégrafos de España.

MÁS DE UN AÑO COMO SEDE DEL PSOE.

Desde el 4 de julio de 2008, hasta octubre de 2009, durante más de 16 meses, este espacio de titularidad de la citada sociedad estatal funcionó como sede de la Agrupación local socialista "sin abonar absolutamente nada por ello" el PSOE, recuerda el último auto de la Audiencia Provincial, toda vez que paralelamente la oficina de Correos y Telégrafos funcionaba en unas instalaciones propiedad del Ayuntamiento sin que tampoco conste pago alguno por tales usos.

Esta misma noticia la recogen otros muchos medios de comunicación lo que nos da una idea de las dimensiones de las fechorías que comete el PSOE en Burguillos.

Así la web LAINFORMACION.COM titula Admitida la querella del PP contra el ex alcalde de Burguillos y su sucesora por la sede del PSOE

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/malversacion/admitida-la-querella-del-pp-contra-el-ex-alcalde-de-burguillos-y-su-sucesora-por-la-sede-del-psoe_etxMAdPIVxxuSSfMsIF4M6/

El diario de difusión gratuita QUE lo titula Admitida la querella del PP contra el ex alcalde de Burguillos y su sucesora por la sede del PSOE

http://www.que.es/madrid/201102161442-admitida-querella-contra-alcalde-burguillos-epi.html

Por su parte el diario EL MUNDO lo titula Admitida la querella del PP contra el ex alcalde y su sucesora por la sede del PSOE

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/16/andalucia_sevilla/1297864764.html

También el diario granadino EL IDEAL quien titula La Audiencia ve indicios de cohecho en el uso por el PSOE de un local

http://www.ideal.es/agencias/20110216/mas-actualidad/andalucia/audiencia-indicios-cohecho-psoe-local_201102161535.html

DIARIO DE SEVILLA titula La Audiencia ve indicios de cohecho en el uso por el PSOE de Burguillos de un local de Correos

http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/906641/la/audiencia/ve/indicios/cohecho/uso/por/psoe/burguillos/local/correos.html

Y finalmente el Diario ABC DE SEVILLA titula Indicios de cohecho en el uso de un local de Correos por el PSOE

http://www.abcdesevilla.es/20110216/provincia/sevi-audiencia-indicios-cohecho-psoe-201102161444.html

y en el mismo Diario ABC DE SEVILLA aparece otra información bajo el titular La Audiencia ve indicios de delito en el uso gratuito que el PSOE hizo de un local estatal

http://www.abcdesevilla.es/20110217/sevilla/sevi-audiencia-indicios-delito-gratuito-201102162339.html

Por último señalar que las emisoras de radio COPE y ONDA CERO, también se han hecho eco de la noticia en sus distintos boletines de noticias.

EL PP CREE QUE LA CAUSA DE BURGUILLOS ES UN "PASO MÁS EN EL DESMONTAJE DEL CHIRINGUITO SOCIALISTA".
Este es el titular de la información que nos ofrece EUROPA PRESS, como reacción a la noticia anterior, y que Burguillos Popular te ofrece íntegramente, y su oportuno enlace:

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-cree-causa-burguillos-paso-mas-desmontaje-chiringuito-socialista-20110216145317.html

El secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, cree que la decisión de la Audiencia Provincial de admitir la querella de los populares contra el ex alcalde socialista de Burguillos José Juan López, su sucesora, Mariana Pérez González (PSOE), el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE, José María Fernández, y el primer teniente de alcalde, José Antonio Santos, "supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista". Bueno, además, ha destacado que el tribunal atisba posibles delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias en el uso gratuito de un local propiedad de Correos y Telégrafos de España como sede local del PSOE.

"Finalmente, la Justicia está colocando a muchos dirigentes del PSOE en el sitio donde deben estar y es frente a un juez y no abusando del dinero y de las administraciones públicos", señala Bueno en un comunicado en el que celebra que "tras muchos obstáculos e intentos de apartar al PP de esta causa, la Audiencia Provincial obliga al juez a admitir, de manera definitiva, a este partido como parte en el proceso judicial". "Esta decisión judicial supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista que el PSOE podría haber creado durante los 30 años de gobierno en Andalucía", advierte el dirigente popular.

Bueno ha manifestado que, "asimismo, debemos recordar que la denuncia interpuesta por el PP, además de estar dirigida contra el ex alcalde José Juan López y el secretario local del PSOE, José María Fernández Brenes, la actual alcaldesa y el teniente de alcalde, también iba dirigida al secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, cuya participación en los hechos está siendo investigada por el Juzgado". "Tras esta decisión judicial esperamos que la Justicia continúe desenredando la madeja y que por fin se pueda aclarar todas y cada una de las irregularidades que ensombrecen a esta provincia".

Todas estas noticias dan para la siguiente, aparecida en el Diario ABC DE SEVILLA: Un dominio socialista sacudido por los escándalos desde 2006

http://www.abcdesevilla.es/20110217/sevilla/sevi-dominio-socialista-sacudido-escandalos-201102162345.html

Burguillos, un pequeño municipio de la vega del Guadalquivir que ha sido dominio absoluto del PSOE desde comienzos de los años 90, se ha colocado en el ojo del huracán en el último lustro por los constantes escándalos generados por el Gobierno local y por el que fuera alcalde socialista hasta hace año y medio. José Juan López ya fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder licencias contra informes oficiales del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte de un holding empresarial con la sociedad municipal, Burguillos Natural. La sentencia condenó a López por esa concesión de una licencia urbanística irregular a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa de 10 euros al día durante 15 meses más las costas del juicio, lo que hace un total de 4.500 euros.
Fue denunciado por el PP de la localidad, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves industriales en terrenos no urbanizables ).
Independientemente del uso fraudulento del PSOE local como sede de un local de Correos (o sea, local estatal) sin pago alguno de alquiler, al Gobierno municipal burguillero se le acaba de abrir otro frente en forma de denuncia. Como ya adelantó este lunes ABC, el Ayuntamiento acaba de ser denunciado por conceder hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra tanto técnicos como jurídicos por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos al núcleo residencial, como debía ser. Por ello, una vecina afectada ha llevado a los Juzgados al Consistorio, acusado, además, de malversar dinero público pues recibió de la constructora más de 80.000 euros que debían servir para acometer las obras de acceso y éstas no se han hecho.
«Donde deben estar»
Ante todo este panorama, el secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, destacó ayer que la decisión de la Audiencia Provincial de admitir la querella de los populares «supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista». «Finalmente —dijo ayer—, la Justicia está colocando a muchos dirigentes del PSOE en el sitio donde deben estar y es frente a un juez y no abusando del dinero y de las administraciones públicas», señaló Bueno, que celebró que «tras muchos obstáculos e intentos de apartar al PP de esta causa, la Audiencia Provincial obligue al juez a admitir, de manera definitiva, a este partido como parte en este proceso judicial».
«Esta decisión judicial supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista que el PSOE podría haber creado durante los 30 años de gobierno en Andalucía», advirtió el dirigente popular. Bueno subrayó que, «asimismo, hay que recordar que la denuncia interpuesta por el PP, además de estar dirigida contra el exalcalde José Juan López y el secretario local del PSOE, José María Fernández Brenes, la actual alcaldesa y el teniente de alcalde, también iba dirigida al secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, cuya participación en los hechos está siendo investigada por el Juzgado». «Tras esta decisión judicial esperamos que la Justicia continúe desenredando la madeja y que por fin se pueda aclarar todas y cada una de las irregularidades que ensombrecen a esta provincia».

El gobierno utiliza la fiscalía para proteger al PSOE y atacar al PP

El gobierno impide actuar a la fiscalía en los numerosos casos de posibles delitos que afectan a cargos socialistas:
· Caso Bono: la fiscalía no ha querido investigar su repentino enriquecimiento patrimonial de 6 millones € y se ha adelantado a proclamar su inocencia sin investigarlo.
· Caso Chaves: la fiscalía no ha querido investigar la concesión de Chaves de una subvención de 10 millones € a la empresa apoderada por su hija.
· Caso Faisán: la fiscalía no quiso investigar el origen del chivatazo a ETA procedente de altos mandos policiales cercanos a Rubalcaba.
· Caso CNI: la fiscalía no quiso investigar las irregularidades que obligaron al anterior director del CNI a dimitir.
El gobierno obliga a la fiscalía a solicitar el archivo de varias causas contra cargos públicos del PSOE en Andalucía.
Por el contrario, el gobierno ha dirigido personalmente la actuación de la fiscalía para acosar a los presidentes del PP de Canarias y al presidente de la Generalitat Valenciana, en casos que ya habían sido archivados por los tribunales.

CAUSAS CONTRA EL JUEZ GARZÓN

1.- Causa por los crímenes del franquismo
¿De qué se le acusa?
La Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo
a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
¿Quién le acusa?
La querella está promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, uno de los responsables del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Con posterioridad presentan querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. La Fiscalía se manifiesta en contra y pide su archivo.
Indicios
El Supremo pone de manifiesto que tras una primera etapa de más de un año en la que Garzón no hizo otra cosa que proveer las denuncias que iba recibiendo. El 1 de febrero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe en el que advertía que este tribunal no era el competente para investigar las desapariciones forzadas, que el delito de lesa humanidad consignado en las denuncias no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos denunciados y que en todo caso sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Sin resolver sobre su competencia, Garzón ordenó la práctica de distintas diligencias. En un auto del 16 de octubre de 2008, en el que se refirió a los delitos denunciados como "crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad", ordenó pedir certificaciones de defunción de 35 personas "a los
efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento". Pero, paralelamente, acordó formar un grupo de expertos y de Policía Judicial y autorizó exhumaciones. En menos de un mes, el 18 de noviembre, Garzón cerró las diligencias declarando extinguida la responsabilidad de varias personas, que ahora son ya 45, por haber fallecido. Entre ellos, aunque el auto no los cita, se encuentran los generales Franco, Mola o Queipo de Llano. "En definitiva", señala el Supremo, "la investigación se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material". Además, "declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación, de 45 personas, sobre cuyas acciones no se ha practicado actividad de investigación alguna". El 7 de abril, el magistrado del Supremo Luciano Varela decide transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por esta causa. La decisión de Varela supone pasar a la fase de preparación del juicio oral, lo que significa que Garzón se sentará en el banquillo siempre que alguna de las partes personadas presente escrito de acusación contra él. El Alto Tribunal notifica una resolución en la que Varela deniega las pruebas que solicitó a última hora la defensa de Garzón y acuerda que se entregue una copia de las diligencias al fiscal y a las acusaciones personadas (Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange) para que, en su caso, soliciten la apertura del juicio oral.

2.- Rechazar una querella contra un banco que le financió
¿De qué se le acusa?
El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH para financiar actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado la "generosa aportación" de 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.
¿Quién le acusa?
La querella fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Indicios
De acuerdo con la querella, los fondos del BSCH habrían servido, además de para financiar los coloquios celebrados en la Universidad de Nueva York bajo la dirección de Garzón, para abonar viajes del juez por 22.650 dólares y para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por importe de 21.650 dólares. Para la admisión de la querella fue determinante el conocimiento de las cartas que Garzón envió a Botín para solicitarle los fondos, elemento que no se conocía cuando, el 2 de febrero del pasado año, se archivó una primera investigación sobre los hechos. En ellas, Garzón se dirige al presidente del banco, le agradece la financiación recibida y le pide más dinero para organizar una segunda serie de coloquios, lo que es objeto de nuevos agradecimientos. "No puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación" entre la petición y consecución del patrocinio del BSCH y la negativa a abrir un proceso al presidente de esa entidad, dice la Sala de lo Penal en el auto de iniciación del proceso.

3.- Intervenir las comunicaciones imputado-abogado
¿De qué se le acusa?
De nuevo por unanimidad, el 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el 'caso Gürtel' con sus abogados defensores.
¿Quién le acusa?
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se han personado los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.
Indicios
La Sala destaca que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.

Será el PP quien proponga una reforma de la Ley Penal del Menor

La secretaria general del PP asegura que la necesidad de la reforma legal es ya un “clamor” en la sociedad española.

La secretaria general y senadora del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, anunció ayer que será el PP quien plantee la reforma de la Ley Penal del Menor, “porque es una necesidad, porque es la forma de apoyar a las víctimas y porque es justo”. Fue la principal conclusión de la pregunta oral que le formuló al ministro de Justicia sobre este asunto, tras confirmar Caamaño que el Gobierno no tiene intención de reformar esa ley.
"Detrás de un delito viene otro", advirtió Cospedal, quien criticó el argumento socialista de que no se puede legislar en caliente. "Ustedes se escudan -dijo- en lo de legislar en caliente, pero hay un gran clamor social y la experiencia de diez años de aplicación de la Ley vigente tiene que servir para proteger a las familias y a los menores que son víctimas de estos delitos".