martes, 15 de marzo de 2011
Resumen de la presentación de Domingo Delgado como candidato a la Alcaldía de Burguillos.
lunes, 14 de marzo de 2011
PERIODISMO SUPREMO
En una ocasión le oí decir a Iñaki Gabilondo que los periodistas que más arriesgan son los corresponsales de guerra y los que cubren la política municipal. Contar las cosas que ocurren en tu propio entorno, donde las verdades profesionales se cruzan en cada esquina con conocidos, amigos e incluso familiares, es una tarea que muy pocos se atreven a afrontar con honestidad y sin temor a perjudicarse a sí mismos. Pero hacerlo además con personalidad y arrojo es una heroicidad. Yo creo, sinceramente, que esos pocos héroes son quienes más contribuyen a hacernos libres. Y por eso levanto hoy mi copa de tinta de periódico. Para celebrar un hito. El Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de una empresa de Burguillos ligada al Ayuntamiento contra ABC y su periodista Eduardo Barba, al que acusaba de fabular sobre la pestilente gestión municipal, en una sentencia que supone un logro impagable para este gremio.
Lo cierto es que el fallo del Supremo arguye una obviedad para quienes creemos en la libertad de información sin más cortapisas que la ley y la ética. Pero la deuda democrática que acumulan los políticos actuales, sobre todo en los pueblos en los que el cortijismo ha unificado al partido con la institución, ha puesto en tenguerengue principios tan básicos como el que defiende el más alto tribunal de este país. El Supremo aclara, para quien todavía no lo supiera, que un periodista no es un mero transmisor de datos obtenidos de terceros. Es un narrador legitimado para construir una historia a partir de las informaciones que recaba. Tiene potestad para poner en valor su perspectiva de los hechos siempre que éstos estén contrastados o constatados. Y asevera también la sentencia que tan facultado está el profesional de la comunicación para edificar un relato propio, como obligado el responsable público a soportarlo. Negro sobre blanco. Para que se lo lean y relean quienes tienen la desvergüenza de insultar a periodistas cuando sus historias no les favorecen. Porque esto que dice el Tribunal no es más que lo que siempre han hecho los que salen a la calle a rellenar la libreta de apuntes y confesiones ajenas. El periodista es un decodificador y amplificador de un mensaje que se envía a los receptores. No es un papagayo que reproduce números o declaraciones. Es un constructor de la realidad en la que habitamos, pues tiene el privilegio de acceder a la información y el deber de contar siempre su verdad.
Eso es lo que ha hecho Eduardo Barba, que tuvo la entereza de aguantar injurias de toda laya, pasquines en los que se le caricaturizaba y hasta mensajes anónimos terroríficos procedentes desde el cortijo de Burguillos. Él solo, a fuerza de contar las cosas como eran, y no como los políticos le decían, ha destapado los enjuagues de ese caos. Y ha evitado todas las bombas de su corresponsalía de guerra local porque, como confirma la Justicia, no es un profesional corriente. Es un periodista supremo.
domingo, 13 de marzo de 2011
Artículo de Paco Robles en el diario ABC de Sevilla.
jueves, 10 de marzo de 2011
Más noticias sobre el escándalo del PSOE de Burguillos.
La Justicia da la razón a ABC de Sevilla por tercera vez en la información publicada sobre el «caso Burguillos» sobre irregularidades urbanísticas en el municipio a causa de las recalificaciones del Ayuntamiento, controlado por el PSOE, que favorecieron a un holding de empresas inmobiliarias afín al partido gobernante. Ese conglomerado de sociedades, La Cruz de la Ermita, demandó en su día a este periódico y al periodista Eduardo Barba por considerar falsa la información publicada en torno a los beneficios obtenidos por dichas recalificaciones por parte de esta compañía, de la que formaba parte la propia sociedad de desarrollo local, Burguillos Natural. Pero ni en primera instancia, ni en segunda instancia ni ahora en el Tribunal Supremo se ha tenido en cuenta la demanda, desestimada íntegramente en los tres casos.
ABC de Sevilla comenzó a publicar noticias sobre el asunto el octubre de 2006, a raíz de las cuales esta sociedad constructora y tres de sus representantes —ligados de una forma u otra al PSOE: un familiar del alcalde, el que fuera secretario local del partido y hasta un concejal—, interpusieron la demanda contra el periódico, el periodista que destapó el caso, Eduardo Barba, y Nazaret Romero, una vecina propietaria de terrenos a la que ABC entrevistó y que denunció presiones por parte del que fuera alcalde, el socialista José Juan López —condenado e inhabilitado en 2009 por delito urbanístico— para que vendiese sus suelo rústico al conglomerado de empresas afín al regidor. El 4 de junio de 2007, una sentencia del Juzgado de primera instancia que trató el asunto desestimó en su totalidad la demanda contra el diario calificando de veraz y rigurosa la información y de correcto el tratamiento de la misma en sus distintas entregas, desde la primera publicación hasta diversas publicaciones posteriores que La Cruz de la Ermita ponía en entredicho. Esta compañía —que obtuvo millonarios beneficios de las recalificaciones en tiempo récord del Ayuntamiento tras comprar terrenos rústicos para poder venderlos luego como residenciales por muchísimo más dinero— recurrió aquella sentencia inicial, y un año después, concretamente el 7 de abril de 2008, en la apelación —segunda instancia—, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón a ABC de Sevilla y al redactor de las informaciones, reiterando su «veracidad» y la preponderancia de la libertad de información dada la «trascendencia pública» de la cuestión tratada.
Ahora, tras recurrir de nuevo La Cruz de la Ermita al Supremo, la más alta instancia judicial vuelve a dar la razón a ABC y al periodista, defendidos por el letrado de Garrigues Bosco Cámara. En una sentencia fechada el pasado 14 de febrero, el Alto Tribunal desestima de nuevo íntegramente el recurso al reconocer no sólo la veracidad de las noticias sino la primacía de la libertad de información y de opinión sobre el derecho al honor de los demandantes por la «trascendencia pública» del tema. «Es el propio apelante el que señala cómo el periodista tenía fuentes de las que no niega su basamento. Le parecerán pocas, pero se han demostrado bastantes para la publicación de la noticia», recalca el fallo del Supremo. En él se destaca que «la misión del informador no puede ser equiparada a la de mero transmisor de datos y hechos recabados de terceros; la información puede ser analizada y ponderada para extraer conclusiones, sobre todo cuando afecta a un tema de especial relevancia pública» como el urbanístico. Se indica que el informador está «tan plenamente legitimado» para hacer «juicios de valor sobre conductas de la actuación política» como «obligado el responsable político a soportarlo». Así, se subraya que «las conclusiones alcanzadas por el medio no merecen ni mucho menos los calificativos de ilógica o irracional». El fallo del Alto Tribunal recoge que las costas del recurso de casación correrán a cargo de los demandantes, a los que la Audiencia de Sevilla ya impuso las costas de la apelación.
El alcalde socialista hasta hace año y medio, José Juan López, fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder licencias pese a informes oficiales de rechazo del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte del holding empresarial La Cruz de la Ermita junto a la sociedad municipal, Burguillos Natural.
Fue denunciado por el PP, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves en terrenos no urbanizables). Independientemente del uso fraudulento del PSOE como sede de un local de Correos (o sea, estatal) sin pago alguno de alquiler, al Gobierno municipal se le acaba de abrir otro frente: acaba de ser denunciado por conceder hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra tanto técnicos como jurídicos por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos al núcleo residencial.
lunes, 7 de marzo de 2011
Otra denuncia contra el ex Alcalde de Burguillos por estafa y falsedad.
Bueno y el candidato del PP a la Alcaldía de la localidad, Domingo Delgado, explicaron que el Ayuntamiento a través de la sociedad Burguillos Natural vendió en 2006 a las sociedades Residenciales la Buhaira y Contrise 24 solares que ocupaban una superficie de 3.197 metros cuadrados, pese a que ni el Ayuntamiento, ni la sociedad gestora eran aún propietarios de los terrenos, que procedían de desarrollos urbanísticos. Se trata de la zona donde ahora ya se ha construido la urbanización Aires de Burguillos y por esta operación el Ayuntamiento ingresó algo más de un millón de euros.
Domingo Delgado aseguró que se trata de una venta ilegal y explicó que para «taparla» el equipo del Gobierno local de José Juan López aprobó en un Pleno dos años después la cesión de dichas parcelas a las mismas empresas, ya en 2007, mediante un procedimiento también irregular de adjudicación directa y por un valor de 1,1 millones de euros «una valoración a la baja para el momento». Con los fondos ingresados, Burguillos Natural se comprometió a rehabilitar 30 viviendas de la barriada La Cruz de la Ermita, además de viarios y zonas comunes, una intervención estimada en 1,1 millones de euros, que contó con una subvención de la Junta de 483.724 euros. Pero además de la venta que los populares consideran ilegal y fraudulenta, Domingo Delgado informó ayer que tampoco Burguillos Natural realizó la rehabilitación a la que se había comprometido y en 2008 de las 30 viviendas «sólo se habían arreglado 12 y ni una sola calle».
El candidato popular indicó que las obras realizadas no han precisado una inversión superior a los 560.000 euros «por lo que hay 679.521 euros que nadie sabe donde están o en qué se han utilizado; la propia alcaldesa dice que no sabe nada de ese dinero». Debido a que la sociedad municipal no ha cumplido lo prometido, el PP ha pedido la reversión de los terrenos «porque el dinero es de los burguilleros y tiene que aparecer».
Ante esta situación, el presidente provincial del PP anunció que su grupo está estudiando emprender las acciones legales oportunas por un presunto caso de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación de bienes públicos. Además, Bueno llamó la atención sobre la crítica situación que padecen las familias afectadas.
domingo, 6 de marzo de 2011
BURGUILLOS: La quimera del PSOE termina en bancarrota.
En octubre de 2006, Burguillos tenía algo más de 4.200 habitantes, en 2010 estaban empadronados 6.120, pero los planes municipales preveían convertir a la localidad en un municipio medio de 30.000 habitantes, gracias a una agresiva política urbanística de recalificación de terrenos, tan desorbitada que la propia Consejería de Obras Públicas paralizó dos de los cuatro sectores urbanizables del nuevo PGOU de la localidad por exceso de viviendas. Una política basada en la recalificación de terreno rústico en suelo de uso residencial para viviendas de renta libre y naves industriales. El nuevo cultivo del «pelotazo» urbanístico parecía dar sus primeros frutos en forma de dotaciones municipales, como un edificio multifuncional que rompió el paisaje de casas bajas, para impartir cursos de empleo, o un polideportivo, mientras se hacían transacciones de fincas cuyo valor se multiplicaba por arte de recalificación en un frenesí urbanístico plagado de irregularidades, como demuestran las denuncias, tres siguen vivas en los juzgados, por concesiones de licencias ilegales, en lugares destinados a dotaciones o zona libre. Este descontrol ha propiciado que nuevas urbanizaciones de Burguillos estén habitadas sin conexión a la red eléctrica. En la actualidad, una urbanización y un polígono industrial sin suministro eléctrico se abastecen por medio de generadores cuyo alquiler corre a cargo del Ayuntamiento que en los últimos cinco años ha destinado a este menester más de dos millones de euros.
Todo en la localidad, desde la gestión urbanística hasta la prestación de servicios era gestionado por la «sociedad municipal de desarrollo Burguillos Natural S.L.», el instrumento «transformador». En octubre de 2006, ABC informa de la implicación de Burguillos Natural como parte de la entidad La Cruz de la Ermita S.L. en un «pelotazo» urbanístico con extraordinarias plusvalías. La Cruz de la Ermita, sociedad a la que también estaban vinculados un edil socialista, el secretario local del PSOE y un primo del alcalde, compró fincas rústicas de algo más de 11 hectáreas a seis euros el metro cuadrado. Los terrenos serían señalados para el desarrollo de un plan parcial, lo que permitió a la sociedad venderlos hasta por 700 euros el metro cuadrado. Algunos de los antiguos propietarios denunciaron presiones del alcalde para que vendieran sus fincas. El asunto llegó también a los juzgados, aunque tarde, pues fue desestimado por la prescripción del delito. Pero aquello sólo fue el inicio del «caso Burguillos», que luego destapó más presuntas irregularidades en la gestión municipal. El PP, a través de su portavoz municipal, Domingo Delgado, denunció públicamente en 2009 otra transacción sospechosa por la cual el propio ex alcalde Juan José López habría vendido suelo municipal a bajo precio a la sociedad antes citada, entre otras vinculadas a personas de su ámbito de influencia, una operación en la que, según calcularon los populares, el Ayuntamiento dejó de ingresar 5,6 millones de euros.
En todo este periodo de aparente prosperidad, destaca la figura del ex alcalde José Juan López, un peculiar político, defendido «sin fisuras»por la cúpula del PSOE sevillano, y en especial por su secretario provincial José Antonio Viera. López dimitió el 8 de mayo de 2009, dos días antes de ser condenado a inhabilitación de 8 años por delito urbanístico y todavía sigue visitando los juzgados por causas pendientes, como la presunta ilegalidad en la construcción de viviendas en zonas dotacionales, otra por otorgar licencia de naves industriales en terreno no urbanizable y una tercera por dar 378 licencias de ocupación de un barrio sin acabar.
Aquel alcalde, referente de la política socialista provincial, también se hizo famoso por cobrar un sueldo superior al del presidente Zapatero, unos 8.400 euros al mes. López se apresuró a explicar que desde 2006 sus ingreso procedían «sólo de la sociedad de desarrollo local, Burguillos Natural», por lo que sus honorarios no dependían «de los impuestos de los ciudadanos», obviando el carácter público de la referida sociedad.
El PSOE nunca abandonó a López, a pesar de las denuncias y de las evidencias, el apoyo no se limitó a las declaraciones de los líderes. Convertido en un auténtico feudo socialista, —con 8 concejales del PSOE y 3 de IU en la Corporación— el Ayuntamiento desplegó en 2006, una auténtica campaña contra ABC por sus informaciones sobre las irregularidades urbanísticas: personal vinculado al Ayuntamiento compraba a primera hora de la mañana todos los ejemplares del periódico, se difundió por móvil un SMS con el mensaje: «el ABC tiene por cuarto día al compañero jj en el corredor de la muerte. pásalo»; el alcalde emitió un bando en el que señalaba que el periódico perjudicaba al municipio, la revista municipal atacaba al redactor que realizó la investigación periodística, Eduardo Barba, y se difundieron pasquines de apoyo al alcalde, unos con el logo del PSOE, otros anónimos, como el que incluía el siguiente párrafo: «Conocemos a los ricos y conocemos a los pobres. Sabemos quién mató a quién y quién robó a quién, y hemos de superar el largo periodo dictatorial». Así era Burguillos.
Tras la etapa de López como alcalde en mayo de 2009 tomó el relevo su teniente de alcalde, Mariana Pérez. Para entonces ya era más que evidente la grave crisis municipal a pesar de la prosperidad que aparentemente tuvo su sociedad de desarrollo, hoy sujeta a un expediente de regulación de empleo, en concurso de acreedores y con una deuda de 14 millones de euros. Mariana Pérez dirigió a la Junta de Andalucía, la Diputación y el PSOE el escrito reconociendo que había motivos para disolver el Ayuntamiento por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». Admitía la imposibilidad de prestar servicios básicos a la población y el retraso contable de las arcas municipales.
La situación de bancarrota es producto de una nefasta gestión de 16 años de gobierno socialista en los que, según ha venido denunciando el PP, jamás se presentaron y aprobaron las cuentas generales del Ayuntamiento ni de la sociedad municipal, que no ha estado sometida al régimen de contabilidad pública. En ese periodo no se ha fiscalizado la gestión por el Tribunal de Cuentas. En 16 años se aprobaron 13 presupuestos —el último prorrogado es el de 2008, que se aprobó sin cumplirse el requisito de estabilidad presupuestaria—, sin presentar los estados de gastos e ingresos de la controvertida sociedad municipal, Burguillos Natural S.L. y sin la aprobación previa de las liquidaciones que se presentaban a posteriori. En 2008 se aprobó la de 2004 y en 2010 las de 2005, 2006, 2007 y 2.008 en las que el interventor reconoce «gastos muy por encima de lo presupuestado» (2005), «la necesidad de un plan severo que ponga límite a la situación de endeudamiento» (2006), o que «hay que estudiar fórmulas para frenar la deuda» (2007). En 2008, el interventor calificaba la situación del Ayuntamiento como «muy grave». A pesar de todo, el PSOE se ha negado a solicitar a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios de 1995 a 2009, como propuso en Pleno del PP, que entró en la Corporación con tres concejales en 2007.
Además, las deudas a la Seguridad Social y a Hacienda impiden al Ayuntamiento acogerse a subvenciones. En los últimos tres años no se han recibido subvenciones del Plan de Fomento del Empleo, y el pueblo tampoco pudo acogerse al Plan 5.000.
Así es la cruda realidad del pueblo que el PSOE bautizó como «el más admirado de la provincia» por su modélica acción de gobierno.
37 mill. € Es la deuda acumulada por el Ayuntamiento (11) y su sociedad municipal (26)
3,6 mill. € A eso asciende el presupuesto municipal, del que 3 millones se destinan a personal
2 mill. € Los gastos del municipio superan ampliamente lo que queda en caja tras pagar al personal
1,9 mill. € Importe de la deuda por obligaciones fiscales y tributarias en julio de 2010
66.000 € Cada mes se suma este montante a la deuda con Hacienda y la Seguridad Social
576.573 € Este dinero ha perdido el Ayuntamiento por no poder acogerse al Plan 5000
70.000 € En esta cantidad calcula el PP la deuda municipal con diversos restaurantes
sábado, 5 de marzo de 2011
El Ayuntamiento saqueado de Burguillos
viernes, 4 de marzo de 2011
Reacciones de la prensa a la petición de la alcaldesa de la disolución del Ayuntamiento de Burguillos.


Pero ayer se confirmó algo definitivo en este apartado. La alcaldesa burguillera advirtió en un escrito oficial rubricado por ella misma el 5 de mayo del año pasado de que la «precaria situación» del Ayuntamiento, que adeuda más de 14 millones de euros por obras, servicios o suministros impagados y cuya sociedad municipal de desarrollo, Burguillos Natural, ha sido sometida a un expediente de regulación de empleo (ERE) y a un concurso de acreedores, había incurrido ya en un «supuesto» recogido en la Ley Orgánica 1/2003 en cuanto a la disolución de las corporaciones locales en el caso de «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». Esto es, el Ayuntamiento pidió a la Junta de Andalucía que interviniera sus cuentas. Así lo destacó ayer el presidente del PP de Sevilla y diputado autonómico, José Luis Sanz, en el pleno del Parlamento andaluz, donde intervino para abordar la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento burguillero. Sanz se refirió al documento, elevado «a las consejerías de Gobernación y a la de Hacienda, así como a la Diputación de Sevilla» e incluso a la propia dirección provincial del PSOE.
«Es la primera vez en la historia de la democracia que un ayuntamiento solicita su propia disolución ante la imposibilidad de garantizar los servicios básicos a los ciudadanos», señaló el presidente del PP sevillano y alcalde de Tomares. Y es que en este documento, Mariana Pérez alega que el «cúmulo de circunstancias» económicas que afronta el Ayuntamiento «hacen imposible la prestación de servicios básicos de obligado cumplimiento legal». «El Ayuntamiento de Burguillos se encuentra en un supuesto contemplado en la Ley Orgánica 1/2003, que dispone que el Consejo de Ministros (podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». La propia alcaldesa, de hecho, reconoce en este documento, al que este periódico ha tenido acceso, la «incapacidad objetiva de nuestro Ayuntamiento para continuar prestando los servicios públicos». A tal efecto, alegaba la alcaldesa en su escrito una serie de «enormes trabas financieras y legales», como un «retraso contable» que se remonta a 2005, la «imposibilidad» de afrontar las nóminas de la plantilla o de acceder a subvenciones a cuenta de las obligaciones fiscales y tributarias no satisfechas, además de la situación en la que han caído los servicios públicos antes prestados por la sociedad municipal Burguillos Natural, inmersa en un concurso de acreedores. Esta sociedad participó en negocios inmobiliarios y se ha visto salpicada por escándalos que terminaron en los juzgados.
Diez meses ocultando
Ante esto, el líder del PP provincial acusó a la Junta de Andalucía de «ocultar durante diez meses esta situación y no hacer absolutamente nada por tratar de solucionarla». «Es vergonzoso que teniendo desde hace diez meses éste documento, la Junta de Andalucía no haya hecho absolutamente nada por intentar solucionar el problema y que además no lo hayan ocultado, insiste Sanz, para quien «el Ayuntamiento de Burguillos representa la verdadera hoja de ruta de la gestión del PSOE», un partido que «ha tapado 16 años de gestión e irregularidades de un alcalde ahora condenado».
Cercados por las deudas y los jueces
La situación financiera del Ayuntamiento de Burguillos tras 16 años de gobierno socialista es dantesca, tanto que, por primera vez un ayuntamiento ha solicitado su disolución por no poder prestar los servicios a los ciudadanos ni pagar las nóminas a los empleados públicos. Eso, independientemente de la gigantesca deuda con los proveedores, que se han manifestado una y otra vez delante del Consistorio para poder cobrar.
El origen de esta situación está en la pésima y oscura gestión del ex alcalde, el socialista José Juan López, que dimitió en mayo de 2009, horas antes de ser condenado por un delito contrala ordenación del territorio tras conceder licencias contra informes oficiales del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte deun holding empresarial con la sociedad municipal, Burguillos Natural. La sentencia condenó a López por esa concesión de una licencia urbanística irregular a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa.
Fue denunciado López por el PP, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas, una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves industriales en terrenos no urbanizables. Ahora, el Ayuntamiento acaba de ser denunciado por dar hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos.
También el Diario EL MUNDO publica la noticia bajo el titular El Ayuntamiento de Burguillos pidió su disolución por su asfixia económica.
El presidente del PP de Sevilla y diputado autonómico, José Luis Sanz, ha hecho público la existencia del documento remitido por la alcaldesa a las Consejerías de Gobernación y de Hacienda y ante el Gobierno de la Diputación Provincial de Sevilla, y ha denunciado que "es la primera vez en la historia de la democracia que un ayuntamiento solicita su propia disolución ante la imposibilidad de garantizar los servicios básicos a los ciudadanos".
El PP ha acusado a la Junta de ocultar durante diez meses esta situación y ha reprochado que "no hiciera nada por tratar de solucionarla". Para Sanz, "es una falta de respeto a los vecinos de Burguillos que la consejera reconozca en su intervención que no ha hecho nada por este Ayuntamiento y que ha puesto a su disposición los mismos instrumentos de ayuda que a cualquier consistorio andaluz".
En opinión de José Luis Sanz, "lo único que han hecho es proteger y taparle las vergüenzas al ex alcalde de Burguillos. ¿Qué le debe el PSOE a este señor, por qué estan empeñados en taparlo y por qué permiten el colapso de este Ayuntamiento?", se pregunta.
"No vamos a consentir que los vecinos de burguillos paguen las consecuencias de que su pueblo sea un foco de corrupción del Partido Socialista". Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Burguillos adeuda 11 millones de euros, dos de ellos a la Seguridad Social y Hacienda, por lo que el municipio está privado de subvenciones y ayudas como las del Plan E. Además presenta un déficit anual de casi un millón de euros y cuenta con una empresa municipal que debe otros 26 millones.
'Incapacidad objetiva de prestar servicios'
En el escrito remitido por la alcaldesa, Mariana Pérez González, a la Junta, enumera una serie de circunstancias que "dan como resultado la incapacidad objetiva de nuestro ayuntamiento para continuar prestando los servicios públicos".
Entre estas circunstancias, la alcaldesa se refería a "un considerable retraso contable desde 2005 por diferentes motivos, que ha derivado en una imposibilidad para disponer de las liquidaciones a tiempo", y la "imposibilidad de pagar nóminas y hacer frente a las obligaciones fiscales y tributarias, que tienen como consecuencia la imposibilidad de acceder a subvenciones, programas de fomento de empleo agrario, planes estatales, planes de inversión..."
La propia alcaldesa admite que existen, además, en el caso de Burguillos, de circunstancias que hacen "especial" y diferente el caso de este municipio al de otros muchos en situaciones comprometidas. Y estas circunstancias especiales, por ejemplo, son que determinados servicios encomendados a la sociedad municipal -tales como el abastecimiento de agua, alcantarillado y la recogida de basuras-, que la misma dejó de prestar en abril de 2009 a causa de un ERE, que se juntó con un concurso de acreedores en julio.
En este sentido, el Ayuntamiento ha prestado el servicio, sin financiación de ningún tipo. Y los ingresos, sin embargo, generados, han ido a parar a la administración concursal de la sociedad de desarrollo. La prestación del servicio le ha costado al Ayuntamiento unos 400.000 euros, a los que hay que sumar los 600.000 euros dedicados al pago de las nóminas atrasadas de los trabajadores de la empresa municipal, a los que aún se les adeuda 1,5 millones de euros.
Por otro lado, los ingresos procedentes de la administración estatal le han sido retenidos al Ayuntamiento en su totalidad para hacer frente a sus deudas, por lo que el mismo se ha quedado sin margen para pagar "los gastos más imperiosos".
"El resultado del cúmulo de circunstancias que hacen imposible la prestación de servicios públicos básicos -concluye la alcaldesa- hacen que el Ayuntamiento de Burguillos se encuentre en un supuesto contemplado en el artículo 61 de la Ley Orgánica 1/2003", que habilita al Consejo de Ministros, cono conocimiento de la Junta de Andalucía, a disolver los órganos de las corporaciones locales mediante Real Decreto, En el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales".
jueves, 3 de marzo de 2011
El PP desvela que el Ayuntamiento de Burguillos pidió su propia disolución a la Junta y la Consejera reconoce que no ha hecho nada al respecto.
Javier Arenas, Domingo Delgado y José Luis Sanz en la sede del Parlamento Andaluz.El presidente del PP de Sevilla y diputado autonómico, José Luis Sanz, durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, ha presentado un informe en el que se desvela que el Ayuntamiento de Burguillos, gobernado por el PSOE, ha pedido su propia disolución a la Junta de Andalucía.
El parlamentario popular ha hecho público este dato después de tener acceso al documento firmado por la alcaldesa socialista de Burguillos el 5 de mayo de 2010 y presentado en las Consejerías de Gobernación y Hacienda, en la Diputación de Sevilla e incluso en la propia sede del PSOE provincial.
“Es la primera vez en la historia de la democracia que un ayuntamiento solicita su propia disolución ante la imposibilidad de garantizar los servicios básicos a los ciudadanos”. Sanz ha acusado a la Junta de ocultar durante diez meses esta situación y de “no hacer absolutamente nada por tratar de solucionarla”.
El presidente de los populares sevillanos ha explicado que “nos parece una falta de respeto a los vecinos de Burguillos que la Consejera reconozca en su intervención, que no ha hecho nada por éste ayuntamiento y que ha puesto a su disposición los mismos instrumentos de ayuda que a cualquier consistorio andaluz”.
“Es vergonzoso que teniendo desde hace 10 meses éste documento la Junta de Andalucía no haya hecho absolutamente nada por intentar solucionar el problema y que además no lo hayan ocultado.” “El Ayuntamiento de Burguillos representa la verdadera hoja de ruta de la gestión del PSOE”, un partido que, según Sanz, “ha tapado 16 años de gestión e irregularidades de un alcalde ahora condenado”, en referencia al anterior regidor socialista Sanz explicó que “lo único que han hecho es proteger y taparle las vergüenzas al ex alcalde de Burguillos. Qué le debe el PSOE a éste señor, por qué estan empeñados en taparlo y por qué permiten el colapso de éste ayuntamiento”.
“No vamos a consentir que los vecinos de burguillos paguen las consecuencias de que su pueblo sea un foco de corrupción del partido socialista.”
Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Burguillos adeuda 11 millones de euros, dos de ellos con la Seguridad Social y Hacienda, por lo que el municipio está privado de subvenciones y ayudas como la del Plan E 5.000. Además presenta un déficit anual de casi un millón de euros y cuenta con una empresa municipal que debe otros 26 millones.
martes, 1 de marzo de 2011
Miércoles 2 de marzo: Pleno Ordinario.
miércoles, 16 de febrero de 2011
Admitida la querella del PP contra el ex alcalde de Burguillos y su sucesora por la sede del PSOE.
Este es el titular de la información que nos ofrece EUROPA PRESS, como reacción a la noticia anterior, y que Burguillos Popular te ofrece íntegramente, y su oportuno enlace:
El secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, cree que la decisión de la Audiencia Provincial de admitir la querella de los populares contra el ex alcalde socialista de Burguillos José Juan López, su sucesora, Mariana Pérez González (PSOE), el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE, José María Fernández, y el primer teniente de alcalde, José Antonio Santos, "supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista". Bueno, además, ha destacado que el tribunal atisba posibles delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias en el uso gratuito de un local propiedad de Correos y Telégrafos de España como sede local del PSOE.
"Finalmente, la Justicia está colocando a muchos dirigentes del PSOE en el sitio donde deben estar y es frente a un juez y no abusando del dinero y de las administraciones públicos", señala Bueno en un comunicado en el que celebra que "tras muchos obstáculos e intentos de apartar al PP de esta causa, la Audiencia Provincial obliga al juez a admitir, de manera definitiva, a este partido como parte en el proceso judicial". "Esta decisión judicial supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista que el PSOE podría haber creado durante los 30 años de gobierno en Andalucía", advierte el dirigente popular.
Burguillos, un pequeño municipio de la vega del Guadalquivir que ha sido dominio absoluto del PSOE desde comienzos de los años 90, se ha colocado en el ojo del huracán en el último lustro por los constantes escándalos generados por el Gobierno local y por el que fuera alcalde socialista hasta hace año y medio. José Juan López ya fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder licencias contra informes oficiales del secretario y arquitecto municipales a una constructora que formó parte de un holding empresarial con la sociedad municipal, Burguillos Natural. La sentencia condenó a López por esa concesión de una licencia urbanística irregular a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa de 10 euros al día durante 15 meses más las costas del juicio, lo que hace un total de 4.500 euros.
Fue denunciado por el PP de la localidad, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves industriales en terrenos no urbanizables ).
Independientemente del uso fraudulento del PSOE local como sede de un local de Correos (o sea, local estatal) sin pago alguno de alquiler, al Gobierno municipal burguillero se le acaba de abrir otro frente en forma de denuncia. Como ya adelantó este lunes ABC, el Ayuntamiento acaba de ser denunciado por conceder hasta 378 licencias de primera ocupación en una nueva barriada a pesar del sinfín de informes en contra tanto técnicos como jurídicos por no estar concluidas las obras de urbanización ni los accesos al núcleo residencial, como debía ser. Por ello, una vecina afectada ha llevado a los Juzgados al Consistorio, acusado, además, de malversar dinero público pues recibió de la constructora más de 80.000 euros que debían servir para acometer las obras de acceso y éstas no se han hecho.
«Donde deben estar»
Ante todo este panorama, el secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, destacó ayer que la decisión de la Audiencia Provincial de admitir la querella de los populares «supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista». «Finalmente —dijo ayer—, la Justicia está colocando a muchos dirigentes del PSOE en el sitio donde deben estar y es frente a un juez y no abusando del dinero y de las administraciones públicas», señaló Bueno, que celebró que «tras muchos obstáculos e intentos de apartar al PP de esta causa, la Audiencia Provincial obligue al juez a admitir, de manera definitiva, a este partido como parte en este proceso judicial».
«Esta decisión judicial supone un paso más en el desmontaje del chiringuito socialista que el PSOE podría haber creado durante los 30 años de gobierno en Andalucía», advirtió el dirigente popular. Bueno subrayó que, «asimismo, hay que recordar que la denuncia interpuesta por el PP, además de estar dirigida contra el exalcalde José Juan López y el secretario local del PSOE, José María Fernández Brenes, la actual alcaldesa y el teniente de alcalde, también iba dirigida al secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, cuya participación en los hechos está siendo investigada por el Juzgado». «Tras esta decisión judicial esperamos que la Justicia continúe desenredando la madeja y que por fin se pueda aclarar todas y cada una de las irregularidades que ensombrecen a esta provincia».
martes, 15 de febrero de 2011
ARENAS ARROPA AL CANDIDATO EN BURGUILLOS, EL "PUEBLO EMBLEMA" PARA LOS POPULARES

lunes, 14 de febrero de 2011
EL AYUNTAMIENTO, DENUNCIADO POR DAR 378 LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE UN BARRIO SIN ACABAR.
Una nueva noticia ha saltado en el día de hoy, 14 de febrero, en las páginas del Diario ABC de Sevilla, y que Burguillos Popular recoge en su totalidad, y que aquí puedes leer junto al correspondiente enlace:Esta nueva denuncia, interpuesta por L.B.G. detalla que el 12 de mayo de 2004 se aprobó definitivamente el plan parcial donde se encuentran las casas en cuestión (PP-NO-R2) y 45 días más tarde el entonces alcalde concedió la licencia de urbanización sin que ni tan siquiera estuviera aprobado el proyecto de reparcelación ni el de urbanización. El proyecto de reparcelación se aprobó definitivamente el 11 de marzo de 2005, casi un año después de haberse otorgado la licencia de obra; y el de Urbanización, por resolución de Alcaldía, el 4 de septiembre de 2008, cuatro años después de la concesión de licencia de obra. El 29 de agosto de 2008 la técnico municipal de Urbanismo emitió un informe jurídico sobre la recepción de las obras de urbanización del sector y reflejó en él que la licencia de obra de urbanización otorgada junio de 2004 por el ex alcalde es «nula de pleno derecho por haber sido otorgada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Nada hecho
El 10 de julio de 2007 el ex alcalde dictó hasta ocho resoluciones para conceder licencias de ocupación para un total de 157 viviendas de ese plan parcial, concedidas pese a los ocho informes técnicos desfavorables emitidos el 9 de julio de 2007 por el arquitecto técnico municipal, que manifiesta en sus escritos que no procede el otorgamiento al no tener la urbanización los enganches de las compañías del suministro eléctrico, no estar terminada la obra del soterramiento de un arroyo, no estar iniciada la ejecución de la rotonda de acceso al sector y porque se deberá acondicionar un acceso en condiciones para la promoción sin que se vea afectada por las obras existentes en la urbanización. En este sentido, el secretario hizo constar que las licencias se han concedido sin el preceptivo informe jurídico, algo a lo que el regidor respondió con un escrito de «toma de razón» incluido en la denuncia; o sea, que López era plenamente consciente de la ilegalidad.
Pero el proceso se mantuvo y en agosto de ese 2007 el alcalde concedió licencias de primera ocupación para 30 viviendas unifamiliares, algo que repitió un mes después para otras 30 casas pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables. A finales de ese mes hizo lo propio con otras 32 viviendas y 10 áticos, y en octubre con otras 36 edificaciones, que el Ayuntamiento permitió ocupar sin estar acabadas a tenor de lo dictado por los principales funcionarios. Para mantener la cadencia, López varió algo: así, en enero de 2008, se otorgó licencia de ocupación para otras 16 viviendas, pero esta vez se hizo mediante resolución del concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, y con un informe técnico que rubricó un nuevo arquitecto municipal, incorporado «a dedo» por el Gobierno local, con un criterio totalmente distinto al que venía esgrimiendo el habitual en su puesto. No vio el nuevo arquitecto inconveniente alguno en que no estuviesen finalizadas las obras de urbanización o que no se hubiera iniciado el soterramiento del arroyo o que no hubiera enganche eléctrico o que las preceptivas zonas verdes no se hubiesen ejecutado. El informe jurídico fue emitido en esa ocasión por una técnico de administración y no por el secretario municipal, como se venía haciendo. El nuevo arquitecto repitió informes favorables pese a que la técnico de administración denegó las licencias al no resolverse los eternos problemas de la no finalización de las obras. De hecho, hasta la compañía suministradora de electricidad informa en otoño de 2008 de que la urbanización «no dispone de las infraestructuras necesarias para atender el suministro».
Por otro lado, en los convenios (2004, 2005...) firmados entre el alcalde y las promotoras también se ignoran los preceptivos informes jurídicos y técnicos y sin constar que la valoración de los aprovechamientos que se vendían mediante ese convenio fuera realizada por técnico municipal alguno. Entre esos convenios —y de ahí se deduce el delito de malversación— en junio de 2008 el ex alcalde, ya condenado e inhabilitado por otro asunto, y el representante de Promociones Dovamar firmaron una adenda al convenio inicial en la que se acuerda que la compañía abona en ese acto al Ayuntamiento burguillero las cuantías correspondientes a las obras exteriores del plan parcial, 80.447 euros en total, siendo por tanto obligación del Consistorio la ejecución de las mismas (rotonda de acceso a la urbanización, saneamiento, abastecimiento de agua y convenio con Endesa), asumiendo Dovamar el entubamiento del arroyo pendiente. A día de hoy, dichas obras no se han realizado. ¿En qué se ha gastado el dinero el Ayuntamiento? ¿Dónde ha ido a parar? En abril de 2009, el ex alcalde acuerda la liquidación de ese convenio urbanístico y en las estipulaciones se recogen las obras aún pendientes y su presupuesto, apareciendo, incomprensiblemente, más trabajos por concluir que los acordados cuatro años antes. En mayo de 2009, días antes de su dimisión, López firmó el acta de recepción definitiva de las obras de urbanización del sector pese a que éstas no estaban concluidas. Días antes, el ex arquitecto municipal emitió un informe favorable, aunque la técnico municipal elaboró otro donde indicó que no procedía la recepción «puesto que falta su elemento esencial, su completa finalización conforme a las prescripciones contenidas en los proyectos técnicos aprobados».
Deficiencias constructivas
Con el avance de los meses han empezado a sumarse informes destacando las deficiencias constructivas. Ahora, cuatro años después de la concesión de las primeras licencias, el estado de la urbanización es calamitoso, carece de zonas verdes, de rotonda de acceso y no se ha encauzado el arroyo. Se desconoce el destino del dinero que el Ayuntamiento recibió de la promotora y la carencia del suministro es paliada desde el Consistorio con «luz de obra», insuficientes, o grupos electrógenos cuyo gasoil tiene que ser costeado por las deprimidas arcas municipales (actualmente, nada menos que 1.000 euros diarios). Al final, algún vecino, como el que interpone esta denuncia, ha decidido que el Ayuntamiento socialista responda en los Tribunales.
El socialista José Juan López ya fue condenado en mayo de 2009 por un delito contra la ordenación del territorio tras conceder denuncias contra informes oficiales del secretario y arquitecto municipales. La sentencia condenó a López por esa concesión de una licencia urbanística irregular a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa de 10 euros al día durante 15 meses más las costas del juicio, lo que hace un total de 4.500 euros. Fue denunciado por el PP de la localidad, que mantiene el punto de mira judicial contra el ex regidor en otras tres causas abiertas (una sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios, y otra por la construcción de naves industriales en terrenos no urbanizables ). Ésta será la cuarta, independientemente del uso fraudulento del PSOE local como sede de un local de Correos (o sea, local estatal) sin pago alguno de alquiler.
viernes, 11 de febrero de 2011
EL PSOE RECONOCE SU FRACASO EN BURGUILLOS Y COLOCA A UN NUEVO CANDIDATO.
La dirección provincial del PSOE en Sevilla ha decidido sacrificar al que iba a ser candidato del partido a la Alcaldía de Burguillos, José María Fernández Brenes, a tenor de las últimas encuestas que maneja, que dan ocho ediles —mayoría absoluta— al PP, que hace cuatro años ni tenía representación en la Corporación. Fernández Brenes, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, no optará al cargo, tomando la dirección la misma decisión que con la actual alcaldesa, Mariana Pérez; los dos están vinculados al ex alcalde, el condenado por delito urbanístico José Juan López, de cuyo equipo formaron parte.
El candidato socialista será José Antonio Domínguez, responsable de una oficina bancaria del municipio y que, curiosamente, tiene varios familiares que irán en las listas de IU. ¿Significa eso que sebusca a alguien con capacidad de pactar con la tercera fuerza en liza para retener el poder?
martes, 8 de febrero de 2011
El lunes 14, Javier Arenas en Burguillos para presentar a Domingo Delgado como candidato a la Alcaldía de Burguillos.
El próximo lunes, 14 de febrero, celebraremos el Acto de presentación de Domingo Delgado Pino como candidato a la Alcaldía de Burguillos, y para ello contaremos con la presencia de nuestro presidente regional, Javier Arenas.jueves, 3 de febrero de 2011
El PSOE de Burguillos aprueba una subida brutal de las Tasas de los Servicios de Instalaciones Deportivas.
