Un nuevo escándalo destapado por el periódico ABC de Sevilla, muestra las maneras de hacer política del psoe de Burguillos y la Junta de Andalucía, gobernada también por el psoe. Os mostramos íntegramente los dos artículos publicados en el día de hoy por el periódico y firmados por Eduardo Barba, en el que se muestra bien a las claras como funciona el psoe: informes falsos, mentiras, engaños, ... ¿hasta cuando?:
La Junta aceptó informes falsos para subvencionar a un ayuntamiento socialista.
Otorgó a Burguillos una ayuda para "reparar" una instalación que ni es municipal ni estaba construida.
Tras la dimisión de José Juan López como alcalde de Burguillos tras ser condenado, la también socialista Mariana Pérez tomó el testigo y recibió todo el calor de la Junta. La delegada del Gobierno regional, Carmen Tovar, se reunió con ella para trasladar el apoyo e incluso el municipio fue sede de una reunión de todos los delegados provinciales para estudiar ayudas.
Las irregularidades en
subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía no sólo han afectado a las ayudas al empleo, a privados, a empresas o a organizaciones afines al partido en el poder. El sistema establecido también ha beneficiado con ayudas arbitrarias a ayuntamientos liderados por el PSOE, para los que los criterios de concesión del dinero público no han sido precisamente estrictos. Un ejemplo más que ilustrativo en este sentido es el de Burguillos, a cuyo Ayuntamiento echó un cable económico la Administración andaluza cuando los socialistas aún gobernanban el municipio y éste estaba ya en la ruina tras dilapidar una ingente cantidad de millones procedentes de los convenios urbanísticos. En 2010, ya con Mariana Pérez como alcaldesa en lugar del inhabilitado
José Juan López, la Junta anunció que iba a «
volcarse» con Burguillos y su ya delicada situación. Y a fe que lo hizo.
La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, se entrevistó en mayo de 2009 con la recién llegada regidora y le trasladó todo el apoyo de la institución ante el grito de socorro de un municipio depauperado y sin opciones ni para pagar nóminas. Tovar le prometió ayudas y, ya con cargo a 2010, Burguillos recibió sólo desde la Delegación del Gobierno de la Junta 194.250 euros del fondo de nivelación, 13.000 del plan provincial de cooperación con municipios o 141.800 del Plan Proteja para alguna obra. Pero no fue suficiente. En abril de 2010, la delegada ordenó mediante resolución que se concediese una subvención al Ayuntamiento burguillero de 100.000 euros para «
obras de reparación de infraestructuras» a causa de «
los daños causados por las lluvias torrenciales». Concretamente, se trataba de las instalaciones de la planta de biomasa.
Se otorgó la ayuda «
con carácter urgente» para una «
ejecución inmediata». Se trata de una subvención que puede dar cada delegado de forma directa merced a sus atribuciones. En dicha resolución, Tovar menciona la «
grave situación creada», por lo que «
resulta obligado prestar cooperación y asistencia», aludiendo a la Ley General de Subvenciones y a un apartado de un artículo que permite dar «
con carácter excepcional subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
El dinero, así, se dio sin que mediara presentación de proyecto alguno. Se concedió, además, a un consistorio que cargaba ya con enormes deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la Ley impide. Y, lo que es incluso peor, se otorgó la ayuda al Ayuntamiento cuando ni la planta de biomasa ni el recinto donde se encuentra eran propiedad municipal sino de la sociedad Burguillos Natural; la cual, encima, estaba ya en ese momento en concurso de acreedores. De hecho, las máquinas siempre han sido de una empresa, Eneryet Energías Renovables S. L. ¿Se subvencionó por tanto a un privado? ¿Desconocía todo esto la Delegación del Gobierno de la Junta? De una forma u otra, dio los 100.000 euros.
La misma Administración
Pero hay más, desde otro de sus departamentos —en concreto la Agencia Andaluza de la Energía—, la Junta había concedido en noviembre de 2007 hasta 1,1 millones de euros precisamente para montar esa instalación de biomasa y en abril de 2010 esta agencia constató con visitas que dicha infraestructura se encontraba sin ejecutar, por lo que pidió a Burguillos Natural la devolución del dinero, algo que sigue reclamando. Nunca hubo planta de biomasa funcionando en Burguillos, como comprobó la misma Junta. ¿Por qué, entonces, concedió una subvención desde otro departamento para la «
reparación» de una infraestructura que ni siquiera se había llegado a montar? ¿No conocía Tovar que la planta era una ficción? ¿Ha habido fraude en las subvenciones?
Pese a todo, la Junta firmó, declarando el «
carácter excepcional» de la subvención y el «carácter
urgente y preferente de la tramitación del expediente». Dinero rápido. El 75% y el resto una vez se justifique el empleo del importe en los fines previstos. Como era imposible justificar nada, el 20 de diciembre de ese mismo 2010 Tovar firmó otra resolución que rebajó las condiciones aún más modificando tras puntos de la resolución de meses antes. De un lado, se estableció un pago único del total de la subvención con una «
justificación diferida» en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, que dio su respaldo a esta variación días antes. O sea, «
sin necesidad de justificación previa» y, además, con un plazo de ejecución que finalizaba una vez pasadas las elecciones municipales. Patadón hacia adelante. Sólo haría falta, y a posteriori, un certificado del interventor municipal que acredite el empleo correcto de la subvención. Por supuesto, ese dinero no se ha empleado en la planta de biomasa sino que cubrió gastos corrientes del Consistorio. Ahora, ya con el PP al mando del Ayuntamiento, la Junta reclama el dinero o que se justifique la concesión del mismo, mientras la empresa que empezó a montar la planta de biomasa, Eneryet, ha solicitado al Juzgado Mercantil la recuperación de la maquinaria que dispuso y que sigue siendo suya.
El actual alcalde (PP) no es recibido por la Junta, que ahora reclama la subvención
La Junta de Andalucía reclama desde hace varios meses al Ayuntamiento de Burguillos la devolución de los 100.000 euros de la subvención concedida en 2010 para la «reparación» de la planta de biomasa. Y lo hace, paradójicamente, basándose en las leyes, puesto que la ayuda no ha sido debidamente justificada. Para resolver esto, el alcalde, el popular Domingo Delgado, ha enviado escritos (19 de octubre, 13 de diciembre...) a la Delegación del Gobierno autonómico, pero sigue sin ser recibido. Así las cosas, en los próximos días va a presentar documentación en la Delegación explicando la falsedad en la tramitación de la ayuda y trasladando a la Junta la patata caliente de tener que denunciar los hechos y la gestión de un gabinete liderado por el PSOE.
El regidor está convencido de que su reclamación prosperará y hasta asegura que personal del Ayuntamiento conoce que la subvención se pactó entre las dos administraciones cuando éstas tenían mismo color político. Según Delgado, todo fue pactado entre la exalcaldesa, Mariana Pérez, y la delegada de la Junta, Carmen Tovar, en una conversación en la que desde la Junta se tranquilizó a la alcaldesa ante la preocupación que ésta mostraba por la dificultad para justificar la ayuda.
Ayuda S.O.S.
Adriano
Hay suficientes indicios para demostrar que el régimen que gobierna Andalucía repartía subvenciones a particulares y empresas de forma arbitraria para tejer la red de su sustento político. Aquí tenemos otra variante: La de las concesiones a ayuntamientos de la misma cuerda. El sistema de apoyo S.O.S (Salvación a la Organización Socialista) ha funcionado a la perfección. Siempre había una partida a la que recurrir para justificar la ayuda económica a los hermanos de siglas. Pero la crisis y el miedo a perder las alcaldías, hizo que se forzaran todos los resortes de la Administración hasta llegar a este mercadeo institucional.
"La planta no funciona, no, no daba suministro", reconoce la exalcaldesa.
Pérez (PSOE) alega no recordar los detalles de la subvención, basada en un informe que dice que la instalación -ni hecha- estaba activa.
La Junta de Andalucía justifica la concesión de la subvención para reparar la planta de biomasa al Ayuntamiento de Burguillos, pese a sus gigantescas deudas con la Seguridad Social y Hacienda, en que se trata de «una subvención excepcional y, por tanto, carente de norma reguladora» y que se tramita «ante situaciones excepcionales». Esto es, esta modalidad legal que permite conceder ayudas a cualquier administración «a dedo», sin procedimiento ni ajuste a proyecto y que hace viable entregar millones de fondos públicos sin justificación previa alguna. Un modelo abierto a la arbitrariedad. Aunque legal, sí. En este caso, la administración subvencionada no cumple con los preceptos de la Ley General de Subvenciones, pero «los conceptos urgentes y excepcionales son aplicables a situaciones de reparación de daños por fenómenos meteorológicos».
En ese punto, desde la Delegación del Gobierno autonómico se explicó a ABC que los criterios técnicos en que se ha basado la ayuda responden al contenido de un informe del arquitecto municipal del Burguillos que acompañó a la solicitud y del que «se desprende con meridiana claridad que las infraestructuras dañadas son de titularidad municipal». Se desprende, pero nunca se dice. Ni se comprueba. Ese informe, según la Junta, «acredita los daños sufridos» y el importe estimado de los mismos. El documento, no obstante, no es fiel a la realidad, aunque sirve al Ayuntamiento para ampararse en la ley y a la Junta para liberar el dinero. Una auténtica coartada. Y es que el Ayuntamiento liderado por la alcaldesa socialista Mariana Pérez completó ese informe asegurando que la planta de biomasa estaba en funcionamiento. Y jamás llegó a terminarse ni a estar activa. «Desde que se produjo la inundación, algunos edificios han sufrido el corte absoluto de energía, y a otros no se les ha podido suministrar la suficiente potencia», indica el arquitecto municipal —que no ha respondido al requerimiento de este diario— para luego especificar que por culpa de la lluvia, la planta estaba «funcionando en precario» hasta que, después, «se produjo una sobrecarga» que propició la «paralización completa de la planta». Una planta que nunca se terminó de construir y que jamás funcionó ni dio fluido a edificio municipal o público alguno, como se refiere.
En este sentido, la Junta se defiende indicando que se concede la subvención para paliar los daños en la instalación «con independencia de si ésta está en pleno funcionamiento o no». «El grado de culminación de las infraestructuras es indiferente» a la hora de conceder la ayuda, según el departamento liderado por la socialista Carmen Tovar, que se limitó a dar una «explicación técnica» del asunto, que «no tiene ningún matiz político», insistiéndose en el carácter «municipal» de la instalación cuando dicha maquinaria es de un tercero, no del Ayuntamiento.
La propia exalcaldesa socialista Mariana Pérez admitió en conversación con ABC que, efectivamente, la planta de biomasa «no estaba en funcionamiento, no, no daba suministro a edificios municipales» al estar construyéndose. «Se pidió dinero para muchas cuestiones, entre ellas para la planta porque el agua había entrado y había afectado a la maquinaria», dijo, alegando no recordar «los detalles de la subvención», como el hecho de que el arquitecto rubricase que la planta estaba activa.
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