La delegada de la Junta de Andalucía, Carmen Tovar.
La planta de Biomasa de Burguillos.Pese a las pruebas aportadas por el diario ABC de Sevilla en la edición del pasado 27 de enero, la Junta de Andalucía, hace lo de siempre: mirar para otro lado, limitándose a pedir la devolución de las subvenciones y no investigar y denunciar lo realizado por sus compañeros de partido. De todo ello os mostramos en su integridad los artículos publicados por el mismo periódico sevillano:
El Gobierno andaluz no denunciará al gabinete socialista de Burguillos.
Pese a la falsedad en documentos aportados, señala que se limitará a pedir la devolución al actual alcalde, del PP.
La Junta de Andalucía se desentiende de la falsedad en los documentos aportados por el Ayuntamiento de Burguillos en 2010 —cuando estaba gobernado por el PSOE— para solicitar la subvención de 100.000 euros que la Administración regional concedió con la finalidad de «reparar» la planta de biomasa del municipio. Dicha instalación —maquinaria y recinto— nunca ha sido municipal y, lo que es aún más paradójico, jamás llegó a estar activa; ni siquiera se terminó de construir, quedándose a la mitad. Tal y como sigue, por cierto. La delegada del Gobierno regional, Carmen Tovar, tiró de una ayuda «excepcional y urgente» que sus atribuciones le permiten conceder y firmó la ayuda demandada por la que fuera entonces alcaldesa de Burguillos, su compañera de partido Mariana Pérez. A un consistorio endeudado con la Seguridad Social y Hacienda y que, encima, no era propietario de las instalaciones. Pero, según la propia Tovar, de la lectura del informe del arquitecto, básico en esta solicitud, «se desprende con claridad que la infraestructura es municipal». Se desprenderá, pero nunca se dice.
Así de «desprendida», la delegada firmó la ayuda y luego una nueva orden modificando la primera para rebajar aún más los requisitos y eliminar la condición de justificar previamente la ayuda. «Justificación diferida» y el cien por cien del dinero de una vez. Eso sí, nadie comprobó que el contenido de los informes presentados fuese real. Y no es así. Puesto que la regidora en aquel momento trasladó a la Junta un informe donde se indicaba que la planta estaba funcionando y suministraba energía a edificios municipales, y que a causa de las lluvias se deterioró hasta que se detuvo. Por eso se subvencionó su «reparación». Una auténtica coartada para dar el dinero, que ha terminado costeando gasto corriente de las depauperadas arcas locales.
Pero pese al evidente engaño, la Junta no piensa denunciar al anterior equipo de Gobierno burguillero, socialista, ni a la exalcaldesa, que en estas mismas páginas admitía ayer que la planta de biomasa nunca había funcionado. «No vamos a denunciar. Nuestra obligación es abrir el expediente de reintegro de la subvención que no se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones pactadas. Los fondos no se han usado adecuadamente y nuestro trabajo es recuperarlos», respondió ayer a ABC Tovar, que rechazó llevar a los Tribunales a la que fuera alcaldesa. «Puede denunciar cualquiera, no sólo la Junta. la legitimidad para denunciar es universal, cualquier ciudadano puede hacerlo. Y también el actual Gobierno municipal». Ella, que dio el dinero en base a un informe falso, no pretende hacerlo.
Sí piensa la delegada del Gobierno autonómico, según explicó, recibir al alcalde de Burguillos, el popular Domingo Delgado, «que está pendiente en la lista de alcaldes a recibir y que será recibido». ¿Cuándo? Eso es un misterio. El actual regidor burguillero tiene previsto en los próximos días trasladar toda la documentación de la planta de biomasa «a la misma puerta de la delegada de la Junta para que decida qué va a hacer con toda esta falsedad, porque no es de recibo que se nos pida un dinero que el anterior equipo usó indebidamente mientras en la Administración que dio el dinero miraban a otro lado. ¿Y ahora pagamos nosotros? —se preguntaba el alcalde popular— ¿Ahora se pide el reintegro cuando se sabía que ni siquiera había planta de biomasa? Que la Junta explique a los ciudadanos por qué no ha hecho nada».
Denuncia
Adriano
La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla olvida su responsabilidad y hace dejación de funciones en este turbio asunto de la subvención irregular a Burguillos. Olvida que la omisión del deber de fiscalizar las ayudas que concede y advertir el fraude a la institución que representa, por mucho que parta de un ayuntamiento de su partido, puede traerle consecuencias jurídicas importantes. Luego dirá —como tantas veces— que la Junta es la primera en denunciar.
Así de «desprendida», la delegada firmó la ayuda y luego una nueva orden modificando la primera para rebajar aún más los requisitos y eliminar la condición de justificar previamente la ayuda. «Justificación diferida» y el cien por cien del dinero de una vez. Eso sí, nadie comprobó que el contenido de los informes presentados fuese real. Y no es así. Puesto que la regidora en aquel momento trasladó a la Junta un informe donde se indicaba que la planta estaba funcionando y suministraba energía a edificios municipales, y que a causa de las lluvias se deterioró hasta que se detuvo. Por eso se subvencionó su «reparación». Una auténtica coartada para dar el dinero, que ha terminado costeando gasto corriente de las depauperadas arcas locales.
Pero pese al evidente engaño, la Junta no piensa denunciar al anterior equipo de Gobierno burguillero, socialista, ni a la exalcaldesa, que en estas mismas páginas admitía ayer que la planta de biomasa nunca había funcionado. «No vamos a denunciar. Nuestra obligación es abrir el expediente de reintegro de la subvención que no se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones pactadas. Los fondos no se han usado adecuadamente y nuestro trabajo es recuperarlos», respondió ayer a ABC Tovar, que rechazó llevar a los Tribunales a la que fuera alcaldesa. «Puede denunciar cualquiera, no sólo la Junta. la legitimidad para denunciar es universal, cualquier ciudadano puede hacerlo. Y también el actual Gobierno municipal». Ella, que dio el dinero en base a un informe falso, no pretende hacerlo.
Sí piensa la delegada del Gobierno autonómico, según explicó, recibir al alcalde de Burguillos, el popular Domingo Delgado, «que está pendiente en la lista de alcaldes a recibir y que será recibido». ¿Cuándo? Eso es un misterio. El actual regidor burguillero tiene previsto en los próximos días trasladar toda la documentación de la planta de biomasa «a la misma puerta de la delegada de la Junta para que decida qué va a hacer con toda esta falsedad, porque no es de recibo que se nos pida un dinero que el anterior equipo usó indebidamente mientras en la Administración que dio el dinero miraban a otro lado. ¿Y ahora pagamos nosotros? —se preguntaba el alcalde popular— ¿Ahora se pide el reintegro cuando se sabía que ni siquiera había planta de biomasa? Que la Junta explique a los ciudadanos por qué no ha hecho nada».
Denuncia
Adriano
La delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla olvida su responsabilidad y hace dejación de funciones en este turbio asunto de la subvención irregular a Burguillos. Olvida que la omisión del deber de fiscalizar las ayudas que concede y advertir el fraude a la institución que representa, por mucho que parta de un ayuntamiento de su partido, puede traerle consecuencias jurídicas importantes. Luego dirá —como tantas veces— que la Junta es la primera en denunciar.
De otro artículo titulado La arbitrariedad de la Junta margina a municipios del PP con las subvenciones, os mostramos la parte dedicada a nuestro pueblo:
La Junta de Andalucía mantiene una política de subvenciones cargada de arbitrariedad en la provincia de Sevilla, en la que la comparativa entre ayudas a ayuntamientos del PSOE (partido que ostenta el poder autonómico) o del PP es realmente esclarecedora y refrenda esa discrecionalidad en el reparto de dinero público. Mientras se ha sustentado a ayuntamientos socialistas incluso con ayudas plagadas de irregularidades en su tramitación (como la publicada ayer por ABC para la inexistente y privada planta de biomasa de Burguillos) a consistorios gobernados por los populares se les han denegado sistemáticamente subvenciones que contaban con todas las bendiciones legales para cubrir cuestiones básicas. Pese a ello, la Administración andaluza ha mirado hacia otro lado en estos casos, dejando pasar el tiempo sin contestar requerimientos o directamente rechazando la ayuda por falta de presupuesto.
La instalación subvencionada en Burguillos sigue anegada
La planta de biomasa de Burguillos cuya «reparación» subvencionó la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 2010 con 100.000 euros permanece actualmente como hace más de un año, anegada por el agua de lluvia que entró en el recinto. Como es obvio, el dinero de la subvención no se destinó a su finalidad, la «reparación», de ahí que ahora la Junta pida al nuevo Gobierno (PP) la devolución del dinero. Pero la Administración autonómica cometió graves errores de omisión al conceder la ayuda, puesto que la concedió mediante un método «carente de norma reguladora» y sin acogerse a la Ley General de Subvenciones, sin requerir justificantes y basándose en un informe municipal que señalaba que la planta estaba activa y alimentaba de energía a edificios municipales, extremo del todo incierto pues la instalación no llegó a construirse del todo y jamás funcionó. Dicha planta energética, de hecho, había sido anteriormente subvencionada desde la Agencia Andaluza de la Energía con 1,1 millones de euros, otra ayuda a un municipio socialista que quedó en nada pues la infraestructura no llegó nunca a estrenarse. Además, la maquinaria es privada —la empresa, Eneryet, ahora reclama— y el recinto donde se alberga tampoco es municipal. Pese a todo, el dinero se concedió.
La planta de biomasa de Burguillos cuya «reparación» subvencionó la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 2010 con 100.000 euros permanece actualmente como hace más de un año, anegada por el agua de lluvia que entró en el recinto. Como es obvio, el dinero de la subvención no se destinó a su finalidad, la «reparación», de ahí que ahora la Junta pida al nuevo Gobierno (PP) la devolución del dinero. Pero la Administración autonómica cometió graves errores de omisión al conceder la ayuda, puesto que la concedió mediante un método «carente de norma reguladora» y sin acogerse a la Ley General de Subvenciones, sin requerir justificantes y basándose en un informe municipal que señalaba que la planta estaba activa y alimentaba de energía a edificios municipales, extremo del todo incierto pues la instalación no llegó a construirse del todo y jamás funcionó. Dicha planta energética, de hecho, había sido anteriormente subvencionada desde la Agencia Andaluza de la Energía con 1,1 millones de euros, otra ayuda a un municipio socialista que quedó en nada pues la infraestructura no llegó nunca a estrenarse. Además, la maquinaria es privada —la empresa, Eneryet, ahora reclama— y el recinto donde se alberga tampoco es municipal. Pese a todo, el dinero se concedió.
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