A las noticias publicadas en el diario ABC de Sevilla referentes a las declaraciones de los exalcaldes de Burguillos ante la Policía por un presunto delito de alzamiento de bienes, hoy mismo nos encontramos con el titular indicado, que recoge la práctica totalidad de la prensa sevillana:
Reclama que indemnice con más de 667.000 euros al Ayuntamiento por el coste de sus "decisiones arbitrarias".
La Fiscalía de Sevilla ha reclamado una condena de cinco años de prisión y 26 años de inhabilitación para el ex alcalde de Burguillos José Juan López, al que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la concesión de licencias en contra de los informes técnicos y el uso de dinero público para fines privados “violando completamente las normas procedimentales consciente y deliberadamente” para la realización de obras de urbanización en el polígono industrial Cuarto de la Huerta.
La Fiscalía, que reclama además una condena de un año y medio de cárcel para el arquitecto técnico Federico G. C., solicita al ex alcalde el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Burguillos de 667.426,55 euros, de los cuales 134.350,80 euros se corresponden con los costes privados que fueron sufragados por el Consistorio entre los años 2006 y 2008, mientras que los otros 533.075,75 derivan de los gastos ocasionados para la realización de obras necesarias para “paliar las deficiencias ocasionadas por su arbitraria resolución”.
El escrito de la acusación pública recoge que José Juan López, “violando completamente las normas procedimentales consciente y deliberadamente” concedió licencias para la realización de obras de urbanización en dicho polígono industrial para, posteriormente, autorizar de forma continuada “una larga serie de licencias de primera ocupación de las viviendas construidas en dichos núcleos de urbanización”.
En unos casos lo hizo en contra de los informes técnicos y jurídicos emitidos previamente, precisa la Fiscalía, y en otros “bajo el auspicio de los informes técnicos” del arquitecto técnico imputado que fue contratado por el Ayuntamiento, a pesar de que los informes fueron “contradichos por el arquitecto técnico municipal y habían sido informados negativamente, desde un punto de vista jurídico, por el secretario del Ayuntamiento”.
La finalidad de esta actuación, según el Ministerio Público, era “asegurar la urbanización y el uso habitacional de estas zonas, pese a que carecían de condiciones para ello”.
El fiscal añade que, “violando los principios de transparencia y publicidad y los trámites que rigen para su aprobación”, el entonces alcalde firmó ante notario el 16 de febrero de 2004 un convenio urbanístico con el representante de Dovamar S.L para la ordenación del sistema de compensación del sector PP-NO-R2 “Las Cardonas” de las Normas Subsidiarias de Burguillos.
Este convenio “careció de tramitación alguna en el Ayuntamiento y nunca fue dictada resolución administrativa alguna en su sede”, por lo que en enero de 2006 el secretario emitió un informe en el que dijo que el convenio era “nulo de pleno derecho por no haber sido tramitado de acuerdo con las exigencias de la LOUA”.
Pero tras el convenio, en junto de 2004, se concedió licencia para la ejecución de las obras de urbanización en dicho sector, y la licencia era igualmente nula de pleno derecho porque fue otorgada prescindiendo “total y absolutamente de las normas de procedimiento legalmente establecidas”.Estas decisiones “arbitrarias”, añade la Fiscalía, tuvieron su reflejo en un “alto coste para el erario público municipal”, de ahí que reclame la indemnización a favor del Ayuntamiento.
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